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Ciudadano.

Que el Estado compre sin comparar precios no es eficiencia: es riesgo de arbitrariedad. Toda compra sobre 100 UTM debería exigir al menos 3 cotizaciones.

Los sueldos públicos deben ser proporcionales a la responsabilidad y al sueldo promedio de Chile ($697.000). Publicarlos no es atacar a nadie: es ejercer el derecho a saber.

En un Estado moderno, no puede existir dinero que no rinda cuentas. Proponemos que el Congreso audite los gastos reservados con una comisión de secreto, sin revelar fuentes, pero verificando el uso de los fondos.

La brecha municipal es uno de los problemas más concretos de inequidad territorial en Chile. Reformar el sistema de financiamiento municipal no es izquierda ni derecha: es sentido común.

Las transferencias del Estado a privados son legítimas cuando resuelven necesidades reales. Pero requieren criterios claros, concurso público y rendición de cuentas verificable. Sin eso, no hay manera de saber si el dinero llegó a quien debía.

Un bien fiscal sin uso es plata tirada. Antes de subirle impuestos a los ciudadanos, el Estado debería hacer el inventario real de lo que tiene y vender, arrendar o transferir lo que no usa. El sentido común primero.